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Regulación de criptomonedas en Colombia en 2025
Introducción
En 2025, Colombia se consolida como uno de los países más activos de América Latina en la regulación de criptomonedas y activos virtuales. Después de años de debate, pruebas regulatorias y consultas públicas, el país ha logrado establecer un marco normativo robusto, centrado en la seguridad del sistema financiero, la protección de los usuarios y la prevención de delitos económicos.
El eje de este avance es el Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), supervisado por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), que obliga a todas las empresas que ofrecen servicios con criptomonedas, como exchanges, billeteras digitales o custodios, a inscribirse y cumplir con estándares legales y técnicos.
La regulación colombiana no prohíbe el uso de criptomonedas, pero sí exige que las operaciones se realicen bajo supervisión, aportando transparencia y legitimidad a un mercado que, durante años, funcionó sin reglas claras.
Contexto y evolución regulatoria
Durante la última década, el mercado de criptomonedas en Colombia creció de forma exponencial. Miles de usuarios comenzaron a invertir y usar bitcoin, ether y stablecoins para pagos, ahorro o envío de remesas, mientras surgían plataformas locales e internacionales ofreciendo servicios en el país.
Inicialmente, el Gobierno y los bancos mostraron cautela. En 2018, la SFC emitió comunicados advirtiendo sobre los riesgos del mercado, pero sin prohibirlo. A partir de 2021, el país avanzó con el sandbox regulatorio, una iniciativa que permitió que entidades financieras probaran operaciones con criptoactivos junto a exchanges registrados, bajo vigilancia controlada.
El paso definitivo llegó con el Decreto 1297 de 2023, que formalizó el Registro PSAV y estableció los requisitos de funcionamiento para los proveedores de servicios de activos virtuales. A partir de 2024, las empresas que no se inscribieron quedaron fuera del marco legal.
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Marco institucional
La regulación de criptomonedas en Colombia involucra a varias instituciones clave:
- Superintendencia Financiera de Colombia (SFC): administra el registro PSAV, autoriza operaciones y supervisa el cumplimiento de las normas.
- Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF): coordina los reportes de operaciones sospechosas y aplica las políticas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo (AML/CFT).
- Banco de la República: aunque no reconoce a las criptomonedas como moneda de curso legal, trabaja en políticas macroprudenciales y estudios sobre un posible peso digital.
- Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN): regula el aspecto tributario, obligando a declarar las ganancias obtenidas por compraventa de criptoactivos.
Esta colaboración institucional ha permitido crear un sistema integral que combina innovación tecnológica con control financiero.
Definición de activos virtuales
Colombia define los activos virtuales como representaciones digitales de valor que pueden intercambiarse o transferirse electrónicamente y que se utilizan como medio de pago o inversión.
No tienen reconocimiento como moneda oficial, pero su uso es legal siempre que se realice a través de proveedores registrados y cumpliendo con las normativas de prevención y transparencia.
Registro PSAV: el eje de la regulación
El Registro PSAV es el corazón de la regulación cripto en Colombia. Toda empresa que intermedie, custodie, convierta o transfiera activos virtuales debe inscribirse ante la SFC.
Los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) incluyen:
- Exchanges de criptomonedas.
- Custodios de wallets.
- Empresas de pagos y remesas basadas en criptoactivos.
- Intermediarios financieros que ofrezcan inversiones vinculadas a tokens o stablecoins.
El registro permite que la SFC supervise sus operaciones, garantice la trazabilidad de fondos y proteja los derechos de los usuarios.
Requisitos para las empresas cripto
Para operar legalmente en Colombia bajo el régimen PSAV, las empresas deben cumplir con requisitos específicos:
- Estar legalmente constituidas en Colombia o tener una sucursal local.
- Identificar a los socios y administradores, sin antecedentes penales o sanciones financieras.
- Disponer de capital mínimo según el tipo de servicio.
- Presentar estados financieros auditados y garantizar solvencia económica.
- Implementar políticas de KYC (Know Your Customer) y AML/CFT.
- Contar con sistemas robustos de ciberseguridad y protección de datos.
- Reportar periódicamente a la UIAF las operaciones sospechosas.
Una vez evaluados estos requisitos, la SFC emite la autorización definitiva y publica al proveedor en el registro oficial.
Tributación de criptomonedas
La DIAN exige que las personas y empresas que generen ingresos por operaciones con criptomonedas declaren dichas ganancias dentro del impuesto sobre la renta. Las transacciones están sujetas al régimen general de tributación y, en algunos casos, al impuesto de timbre o IVA, según el tipo de servicio ofrecido.
La regulación tributaria busca evitar la evasión fiscal y asegurar la trazabilidad del dinero digital dentro de la economía formal.
Beneficios de la regulación
El marco legal establecido en 2025 ha traído importantes beneficios para el ecosistema colombiano:
- Seguridad jurídica: los actores saben con claridad qué está permitido y qué no.
- Protección del consumidor: los usuarios operan con empresas registradas y supervisadas.
- Atracción de inversión extranjera: los fondos internacionales confían más en mercados regulados.
- Reducción del fraude: el control de la SFC y la UIAF limita las operaciones ilícitas.
- Integración con el sistema financiero tradicional: los bancos han comenzado a ofrecer productos vinculados a cripto bajo supervisión.
Desafíos del modelo colombiano
Pese a los avances, aún existen retos por resolver:
- Altos costes de cumplimiento para startups pequeñas.
- Demoras en los procesos de autorización debido a la alta demanda de solicitudes.
- Educación financiera limitada entre los usuarios.
- Ausencia de regulación específica para NFTs, DeFi y stablecoins, que permanecen en una zona gris.
No obstante, la SFC trabaja en nuevas guías y consultas públicas que podrían ampliar el alcance del marco regulatorio en los próximos años.
Perspectivas hacia el futuro
Para los próximos años, se esperan tres grandes líneas de evolución en la regulación cripto colombiana:
- Normas específicas para tokens y DeFi, estableciendo criterios de clasificación y responsabilidad.
- Desarrollo de un peso digital, proyecto liderado por el Banco de la República.
- Cooperación internacional con organismos como el GAFI, BID y CAF para fortalecer la supervisión transfronteriza.
El país busca consolidar un entorno que combine innovación, inclusión financiera y control efectivo de riesgos.
Impacto económico y social
La regulación de criptomonedas no solo ha ordenado el mercado, sino que ha generado efectos positivos en la economía:
- Más de 50 empresas se han formalizado como PSAV.
- Las transacciones en plataformas locales crecieron un 30 % durante 2024.
- Miles de usuarios tienen acceso a productos financieros digitales seguros.
- Los bancos tradicionales han lanzado servicios de custodia y pasarelas de pago en alianza con fintech.
Este ecosistema regulado contribuye a la inclusión financiera, especialmente en regiones donde el acceso bancario era limitado.
Conclusión
La regulación de criptomonedas en Colombia 2025 representa un avance histórico. El país ha logrado equilibrar la innovación tecnológica con la seguridad financiera, estableciendo un modelo que otros países de la región observan con atención.
El Registro PSAV, la supervisión de la SFC y la coordinación con la UIAF y la DIAN han creado un marco sólido que brinda legitimidad a las operaciones digitales.
Si bien quedan desafíos en términos de flexibilidad normativa y adaptación tecnológica, Colombia ha demostrado que es posible construir un entorno cripto regulado, transparente y sostenible, capaz de impulsar la economía digital sin frenar la innovación.
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